Foca / Investigación / 145

Pascual Serrano

Medios democráticos

Una revolución pendiente en la comunicación

Una de las revoluciones más significativas que se está dando en los países progresistas de América Latina es la de la comunicación. Mientras los grandes medios se han convertido en agentes de intervención política y, en algunos casos, de desestabilización, los gobiernos de Venezuela, Argentina, Bolivia o Ecuador, entre otros, con el apoyo de grandes sectores populares, han comenzado a tomar iniciativas sin precedentes. Acusados por las potencias occidentales y los grandes grupos mediáticos de atentar contra la libertad de expresión, nosotros vamos a conocer exactamente qué está sucediendo.

Descubriremos legislaciones que sancionan las mentiras o el racismo, encontraremos el desarrollo de los medios públicos tal como tenemos en Europa o la cesión de licencias a los medios comunitarios y asociaciones sin ánimo de lucro. Junto a todo ello, conoceremos medidas revolucionarias como la prohibición de que el sector bancario sea dueño de medios de comunicación y normas para evitar la concentración o el dominio por parte de empresas extranjeras. Mientras tanto, en España hemos sufrido durante una década la impunidad de algunos medios para engañar y mentir sobre el 11-M, o seguimos observando el poder de la prensa para negarse a eliminar la publicidad de la prostitución, tal como solicitó el Congreso de los Diputados.

Conocer las iniciativas y el debate sobre los medios en América Latina puede ayudar a que los países de esa región conozcan mejor lo que hacen sus vecinos, y a que se comience a discutir en España sobre el asunto y abrir las puertas a una verdadera democratización de la información.

Pascual Serrano (Valencia, 1964) se licenció en Periodismo en 1993 en la Universidad Complutense de Madrid. Tras trabajar y colaborar en prensa tradicional, comenzó a desarrollar un periodismo crítico con los grandes medios y participar en proyectos alternativos. En 1996 fundó junto con un grupo de periodistas la publicación electrónica Rebelión (www.rebelion.org), que hoy funciona como diario alternativo en internet. Durante 2006 y 2007 fue asesor editorial de Telesur, un canal de televisión multinacional latinoamericano que pretende ser un modelo de comunicación contrapuesto a los medios dominantes del primer mundo.

Su denuncia a los métodos de información de los grandes medios tradicionales se ha reflejado en libros como Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo (2009), con prólogo de Ignacio Ramonet, o La prensa ha muerto: ¡viva la prensa! (2014). En Foca ha publicado Traficantes de información. La historia oculta de los grupos de comunicación españoles (2012).

Serrano fue primer premio del Concurso Internacional de Ensayo «Pensar a contracorriente» en 2007 y galardonado en 2010 con la distinción Félix Elmuza, que otorga la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en casos excepcionales a periodistas no cubanos.

En la actualidad dirige la colección A Fondo, sobre temas de actualidad, en Ediciones Akal y es miembro del Consejo Editorial de la revista satírica El Jueves.

 

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RAG

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ISBN: 978-84-16842-00-1

 

A Isabel Jiménez Medina, la mujer que me dio la vida y ahora no sabe dónde tiene los recuerdos.

 

Introducción

Entre todos los cambios y luchas sociales que se están desarrollando en América Latina, hay una que en Europa, en el mejor de los casos, se está ignorando y, en otros, se sataniza directamente. Nos referimos a la lucha por la democratización de la comunicación. Esa democratización pasa por la creación de un marco legal que permita que la libertad de expresión no sea patrimonio de unos pocos, que ponga coto a la manipulación y la mentira como mecanismo de acción política desde los medios de comunicación, y que desarrolle medios y políticas públicos que garanticen el pluralismo y la diversidad. Todo ello es lo que, desde grandes medios y sectores empresariales y neoliberales, se presenta en Europa como ataques a la libertad de expresión, leyes mordaza, persecución de la prensa y políticas de propaganda gubernamental. A lo largo de este libro vamos a acercarnos a conocer en qué consisten todas esas medidas. Llevamos mucho tiempo delegando la información en los grandes medios y sus correspondientes empresas, y hemos olvidado que democratizar la comunicación, es decir, devolverla a la ciudadanía, es una cuestión de justicia social enmarcada en el derecho humano a la información y a la comunicación. No puede existir democracia si no se garantiza una ciudadanía debidamente informada y con la posibilidad de expresarse en los medios. El sistema imperante en el modelo económico neoliberal, es decir, el mercado, no garantiza ninguno de los dos casos: el derecho ciudadano a informar y el de estar informado. No lo puede garantizar porque en el mercado no hay derechos, sólo consumidores con mayor o menor poder según su capacidad adquisitiva y empresas que ofrecen productos y servicios destinados a generar beneficios económicos.

La confrontación que se está produciendo en América Latina es entre un poder mediático que se escuda en el discurso de la libertad de expresión para defender su libertad de prensa, que a su vez es su oligopolio de prensa, y una ciudadanía que presiona a sus gobiernos para que reivindique, defienda y garantice el derecho de todos a la comunicación. Los grupos económicos que manejan en situación de oligopolio los medios de comunicación han llegado a calificar de ataque a la libertad de expresión medidas gubernamentales como las de aprobar leyes para que paguen impuestos como cualquier otra empresa o mejorar las condiciones laborales de los periodistas.

El panorama privado de los medios de comunicación desencadena que todo contenido informativo que no sea negocio o interés político quede fuera de objetivo. La Marcha Mundial de Mujeres denunciaba hace unos años que, en Mali, además de pagar para que los medios fueran a cubrir determinada actividad, hay que ofrecer alimentación y transporte a los profesionales de la prensa. En los países del primer mundo, el Estado cada vez destina menos dinero a la comunicación pública y deja más en manos del mercado la función de informar y, supuestamente, garantizar la libertad de expresión. Como si los mercados pudieran garantizar derechos o libertades. Cada vez más encontramos en nuestros países reportajes que se hacen con el presupuesto de las ONG para el desarrollo que cubren los gastos de enviados especiales a un país. Si esas organizaciones no desviasen un dinero –que debería ser para el desarrollo–, ningún medio aceptaría destinar gasto alguno a los periodistas para informar de esos acontecimientos.

En España los bancos, las grandes editoriales, las empresas de telefonía, Silvio Berlusconi, las familias franquistas y las mul­tinacionales italianas se reparten la propiedad de los medios1. Las licencias de televisión digital se distribuyeron a los pocos grupos que ya contaban con una licencia analógica; se hizo de una forma tan burda y descarada que los tribunales anularon las adjudicaciones, se suspendieron varios canales que utilizaban una frecuencia otorgada de forma ilegal y están pendientes de adjudicar de nuevo. Ese cierre no afecta de forma especialmente preocupante a los medios privados mientras ese espacio no se adjudique a nadie y no tengan competencia con la que repartir la tarta publicitaria. El resultado es una ciudadanía sometida a un reducido número de canales cuando técnicamente podría disfrutar de varios más.

Otro hecho preocupante de la situación española es que las radios y televisiones sin ánimo de lucro tienen prohibido facturar más de cincuenta y cien mil euros por año respectivamente, es decir, deben ser marginales por ley.

En España hemos tenido que soportar durante más de una década las mentiras y manipulaciones de algunos medios sobre los atentados del 11M, incluido el pago a testigos para que falsearan la realidad, sin que ello tuviera ninguna consecuencia legal contra esos medios y periodistas.

Las falsedades difundidas en los medios son tan frecuentes como impunes. En marzo de 2014, algunas televisiones y prensa difundían fotografías de supuestas armas que manejaban mani­fes­tantes madrileños contra la policía. Finalmente resultaron falsas: se trataba de objetos incautados por la policía en circunstancias que nada tenían que ver con las manifestaciones2. En 2015, en la televisión pública española se difundía un supuesto desnudo de la dirigente andaluza de Podemos Teresa Rodríguez que resultó ser falso, y una presentadora hablaba de las propiedades curativas del aroma de limón. Difundir mentiras y fotos falsas sólo le supuso un «reproche» del Defensor del Espectador, el Radioyente y el Internauta de RTVE3.

Los medios no tienen que rendir cuentas por la difusión de falsedades de fuentes inapropiadas o por la falta de contraste de las noticias. Cuando la gran mayoría de los medios occidentales dieron por válida la información del trío de las Azores de que Sadam Hussein tenía armas de destrucción masiva, no cumplieron su trabajo y faltaron a su misión de informar con veracidad. Nadie les pidió explicaciones; la ciudadanía consideró que fue engañada por los gobernantes que promovieron la invasión, pero no señalaron a los medios como parte del sistema que había fallado.

Otra anécdota que muestra el poder de los medios de comunicación sobre los gobiernos es que ningún de éstos se ha atrevido a impedir los anuncios de prostitución en la prensa escrita, a pesar de que fue una recomendación aprobada por todos los grupos parlamentarios del Congreso.

A lo largo de esta obra podremos contrastar los cambios en América Latina con estas circunstancias que se desarrollan en España. De ese modo tendremos oportunidad de sacar nuestras propias conclusiones sobre si lo que sucede al otro lado del océano es un ataque a la libertad de expresión o un avance en la democratización de la comunicación.

 

Capítulo I

Un poco de historia

Durante la década de los ochenta y noventa, en América Latina, el tsunami de la globalización capitalista y las políticas neoliberales se caracterizó por la máxima desregulación y privatización, siempre considerando al Estado como un ente estigmatizado frente a un mercado que se presentaba como sinónimo de eficacia e independencia. Todo lo que procedía del Estado o de sus instituciones se presentaba como una intromisión. Como señala Osvaldo León, en materia de telecomunicaciones esto da como resultado la eliminación de

cualquier regulación o espacio estatal que pudiera interponerse a la expansión transnacional, y la de normativas orientadas a lograr que de una vez por todas la información y la producción cultural sean consideradas meras mercancías. Y es así como se potencia una industria mediática y de la cultura altamente concentrada y regida por criterios exclusivamente comerciales, bajo los cuales lo que cuenta son los criterios de rentabilidad por sobre aquellos de interés público[1].

El resultado fue la concentración empresarial, la transnacionalización y el desmantelamiento de todo el sector público relacionado con la información. Por ejemplo, en algunos casos terminaron con una televisión pública precaria e insignificante, como en Argentina; y en otros, como en Ecuador, ni llegó a existir una televisión estatal. La ausencia de cualquier regulación permitió que se disparara la concentración (de la propiedad, de las audiencias, del mercado publicitario, de las frecuencias de emisión) en unas pocas empresas que cada vez eran más poderosas o de carácter transnacional. No olvidemos que las corporaciones mediáticas ya se habían consolidado con el favor y el amparo de las dictaduras en la época anterior a los ochenta. Asimismo, eran esos grandes medios los únicos que podían disponer de las últimas tecnologías: producción, envío de noticias, estudios de grabación, corresponsalías, etc. Su carácter mercantil arrastró los contenidos hacia la frivolidad, el cotilleo, el sexo, la violencia, la truculencia y los más bajos instintos. Ningún proyecto de formación ciudadana o cultural, de mejorar el conocimiento de la realidad o el debate plural tenía cabida en el mo­delo.

Francisco Sierra, director general del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, con sede en Quito, lo explica así:

Los países latinoamericanos han estado sujetos a un intercambio cultural adverso y desigual en las relaciones de fuerza con las naciones del centro del sistema mundial, dando lugar a estructuras comu­nicativas altamente concentradas traduciéndose, habitualmente, en una economía de las industrias culturales totalmente dependiente del consumo y de las condiciones definidas por la división internacional del trabajo cultural. Los escasos estudios comparados en la materia demuestran una estructura oligopolista, restrictiva y desequilibrada de la comunicación, con pocos o nulos márgenes de pluralidad política, ideológica y cultural. Ello explica en parte las consecuencias desestabilizadoras de los procesos de regulación en la región, que van desde el golpe de estado mediático (Venezuela, Grupo Cisneros) a la presión y campaña de desprestigio (Argentina, Grupo Clarín), pasando por la judicialización y propaganda negra contra la presidencia del gobierno (Ecuador, El Universo). Este último caso, el de la República de Ecuador, es ilustrativo del proceso de regulación, que lleva más de dos años y medio confrontando el lobby de la industria periodística privada que domina el mercado nacional[2].

El poder de esas empresas fue tal que su influencia en los gobiernos era tremenda, su impunidad absoluta y la posibilidad de que se tomase alguna medida o reglamentación que les afectase en su cuenta de resultados en el mantenimiento de su oligopolio, impensable. Como es de imaginar, los propios medios operaban para conseguir grabar en el imaginario ciudadano el mantra de que lo público era corrupto, ineficaz, sinónimo de despilfarro y de ataque a la libertad. Como resultado, los gobiernos dejaron en manos de grandes grupos económicos y transnacionales el control de la información que recibían los ciudadanos.

Ya la UNESCO en su Informe MacBride, en 1980, señalaba que «los medios de comunicación ejercen una influencia capital sobre las ideas y las opiniones, sobre la evolución, para bien o para mal, de todas las sociedades» y que «la concentración de las fuentes de información bajo el control de grupos dominantes desemboca, cualquiera que sea el sistema político, en un remedo de la libertad»[3].

Cuando comenzaron a llegar al gobierno opciones y líderes que intentaban desmarcarse del modelo neoliberal, cada vez más sectores populares y profesionales demandaron una «demo­cratización de la comunicación», conscientes del tremendo desequilibrio informativo que estaban viviendo sus países. Los gobiernos fueron haciéndose eco de esa petición e iniciaron políticas en las que el Estado dejaba de ser un paria estigmatizado, cuya función se limitaba al control social y a favorecer los negocios privados, nacionales o foráneos. Entonces chocaron contra el modelo informativo dominante y despertaron una agresividad sin precedentes entre los grandes grupos de comunicación privados. Hasta que se iniciaron esos cambios hacia la izquierda en el panorama latinoamericano, gran parte de la ciudadanía consideraba, con mayor o menor firmeza, que en aquella región y en el resto del mundo occidental existía una cierta pluralidad en los medios y que éstos intentaban adoptar una posición relativamente neutral y objetiva ante las políticas puestas en marcha por los gobiernos. Es verdad que a finales del siglo pasado, en América Latina, había medios más críticos y menos críticos, pero no parecía que hubiese una postura uniforme, ni una campaña coordinada entre todos ellos para atacar o defender a un gobierno determinado. A excepción, claro está, de sus posiciones con respecto a Cuba, que eran de clara confrontación en todos los medios privados latinoamericanos. De ahí la importancia de señalar cómo se desarrolló ese choque, analizar la postura adoptada por los grandes grupos de comunicación privados y el modo en que han reaccionado los gobiernos de la región.

Para hacerse una idea del panorama de concentración de medios que se han ido encontrando los nuevos gobiernos de izquierda llegados a América Latina, podemos contar que las cuatro mayores empresas de medios y entretenimiento de la región (Globo de Brasil, Televisa de México, Cisneros de Venezuela, Clarín de Argentina) retienen el 60% de la rentabilidad total de los mercados y de las audiencias, distribuidos de esta forma: Clarín controla el 31% de la circulación de los diarios, el 40,5% de las ganancias de la televisión abierta y el 23,2% de la televisión por cable; Globo responde por el 16,2% de los medios impresos, el 56% de la televisión abierta y un 44% de la televisión de pago; Televisa y TV Azteca forman un duopolio que acumula el 69% y el 31,37% de la televisión abierta, respectivamente. Los indicadores de concentración de los medios en Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay están entre los más altos del mundo: apenas cuatro grupos privados dominan, respectivamente, el 95, 92, 86 y 85% de los mercados[4].

Lo paradójico es que son precisamente estos medios los que están denunciando la falta de pluralidad por parte de los gobiernos progresistas cuando éstos intentan ofertar a sus ciudadanos alguna cadena de televisión y radio pública.

La concentración no sólo limita la libertad de expresión, sino que tiene una trascendencia que va más allá, como han señalado expertos académicos sobre comunicación que no trabajan para las empresas mediáticas:

La concentración vincula los negocios del espectáculo (estrellas exclusivas), de los deportes (adquisición de derechos de transmisión), de la economía en general (inclusión de entidades financieras y bancarias) y de la política (políticos transformados en magnates de los medios o en socios de grupos mediáticos) con áreas informativas, lo que genera repercusiones que alteran lo que pretende ser la «autonomía» de los medios de comunicación[5].

Además del monopolio del dinero y de las armas, América Latina es víctima del «monopolio de la palabra», ha dicho el sociólogo brasileño Emir Sader, secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Para Sader, la prensa privada latinoamericana constituye «un circuito cerrado que condiciona lo que se denomina opinión pública, porque es una opinión selectiva determinada por el mercado de las agencias de publicidad. Ésta es –agrega– la dinámica de la prensa mercantil, que no es financiada por la compra de los lectores sino por dichas agencias. Lo que les interesa es la capacidad de consumo de los lectores».

Además, otra característica de la «gran prensa» en el continente que señala el sociólogo brasileño es su condición de monopolio, frecuentemente familiar y con estrechos vínculos tanto con el partido político hegemónico como con el establishment[6].

A este oligopolio se añade la colonización estadounidense. El 85,5% de las importaciones audiovisuales de América Latina procede de Estados Unidos. Mensualmente, 150.000 horas de películas, series y eventos deportivos norteamericanos se programan en las televisiones latinoamericanas[7].

Esta situación ha ido provocando un creciente movimiento ciudadano mundial que comienza a reivindicar otro modelo más democrático, más participativo, más social. Un reflejo de ello es la De­claración de la sociedad civil en la Cumbre Mundial sobre la So­ciedad de la Información, adoptada por unanimidad en su plenaria el 8 de diciembre de 2003 en Ginebra[8]. Bajo el título «Construir sociedades de la información que atiendan a las necesidades humanas» reivindican el «acceso a los medios de comunicación y estar en condiciones de ejercer su derecho a la libertad de opinión y expresión, lo que incluye el derecho a tener opiniones y a buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación»; «el acceso a la información y los medios de comunicación, en tanto que bienes públicos y globales, debe ser participativo, universal, inclusivo y democrático».

Igualmente reclaman el papel del Estado y critican el control privado: «Todos estos derechos y libertades de comunicación, así como de acceso, deben garantizarse activamente en favor de todos y todas en leyes nacionales claras, las cuales deben aplicarse en conformidad con los adecuados requisitos técnicos. […] la información y el conocimiento se están transformando cada vez más en recursos privados que pueden ser controlados, vendidos y comprados, como si se tratara de simples mercancías y no de elementos fundamentales de la organización y el desarrollo social». «El pluralismo y la diversidad de los medios de comunicación deben garantizarse mediante la legislación adecuada, a fin de que no haya una centralización excesiva de los medios de comunicación», añaden.

En opinión de los colectivos sociales que participaron en la Cumbre, «las sociedades de la información y la comunicación integradoras, participativas y pacíficas siguen siendo responsabilidad de los entes gubernamentales, así como el resultado del compromiso de todos los actores participantes en el gobierno, en el ámbito político y en los demás, para implantar progresivamente una mayor equidad política, social y económica».

Especial importancia tienen para ellos los medios comunitarios, absolutamente ignorados cuando no reprimidos durante el periodo neoliberal:

Los medios de comunicación comunitarios, es decir medios de comunicación independientes, gestionados por las comunidades y basados en la sociedad civil, tienen una función especial que desempeñar a la hora de posibilitar el acceso y la participación de todos y todas, en particular de las comunidades más pobres y marginadas, en las sociedades de la información y la comunicación. Los medios de comunicación comunitarios pueden ser cruciales para fomentar la información y promover la expresión de opiniones y el diálogo. Es absolutamente fundamental la existencia de un marco jurídico y reglamentario que proteja y promueva los medios de comunicación comunitarios y que a su vez garantice el acceso de los grupos más vulnerables a la información y la comunicación[9].

Como señala Osvaldo León, la discusión va más allá de la confrontación entre Estados y gobiernos. No sólo se trata de terminar con los monopolios y oligopolios, sino de establecer el carácter público de la comunicación social y la centralidad de la sociedad. «Esto es, garantizar la participación activa, crítica y organizada de la sociedad en todos los procesos comunicativos. Y como ejes vertebradores, la defensa irrestricta de la libertad de expresión y del derecho a recibir información verificada y plural; derecho a la rectificación, etc.»[10]. De ahí los nuevos criterios de reparto de las licencias radioeléctricas que veremos más adelante.

Capítulo II

Medios como agentes políticos

Los medios de comunicación tienen como función informar a los ciudadanos de lo que sucede en su país y en el mundo, es verdad que en un determinado ámbito o especialización y adoptando una determinada línea editorial. La cuestión surge cuando descubren que su influencia es determinante para crear opinión pública y se encuentran con propuestas gubernamentales que afectan a sus intereses. Renaud Lambert se pregunta en Le Monde Diplomatique[1]: ¿qué sucede cuando el programa que conduce a la elección de un dirigente político lo lleva a afectar los intereses del sector privado o de los dueños de los medios de comunicación? La situación hace al director del Centro de Competencia en Comunicación de la Fundación Friedrich Ebert, el colombiano Omar Rincón, preguntarse si más que defender a los medios del Estado, como se suele argumentar desde las tesis neoliberales, lo que hay que hacer es defender al Estado de los medios[2].

Rocío Orlando en su tesis en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en Buenos Aires, explica este conflicto entre gobiernos y medios privados:

El periodismo tradicional se encuentra hoy en una encrucijada en la mayoría de los países de América Latina. La llegada al poder de gobiernos de signo progresista en ciertos países de la región desde los primeros años del siglo xxi pateó el tablero de la configuración de relaciones de fuerzas. En ese movimiento, los medios de comunicación privados, cuya naturaleza ya se había alejado tiempo antes del puro ejercicio de contralor de las instituciones democráticas, abrazaron con fuerza su actoría política, desplegando discursividades abiertamente propagandísticas y corporativistas, dispuestos a disputarle directamente la palabra política a los distintos Gobiernos nacionales. De este modo, la comunicación mediatizada se ha convertido en un verdadero campo de batalla político, en el que distintos agentes se disputan la construcción de sentidos hegemónicos sobre el modelo de Estado y de democracia. En efecto, en los años recientes, en diferentes países, las abiertas disputas entre empresas mediáticas y Gobiernos nacionales se han transformado en una de las líneas de conflictividad política más importantes en el contexto de Estados reformados[3].

Frente a ello, Francisco Sierra, director general de CIESPAL, Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, señala:

Esta particular dialéctica está, sin embargo, siendo signi­ficativamente alterada por lógicas autónomas que trascienden el marco político tradicional. Se observa, en primer lugar, una nueva subjetividad política, nuevas luchas y formas de resistencia cultural de los movimientos y actores sociales, que tratan de transformar el espacio público de los débiles Estados nacionales en favor de un espacio abierto y plural, común a todos los actores en el nuevo horizonte político-económico posnacional. Paralelamente, la existencia de distintos acercamientos y estrategias de desarrollo de países como Brasil, Venezuela o Argentina, pone de manifiesto la importancia de una alianza y posición común que, a partir de un legado y potencial económico compartidos, fortalezca el papel de interlocutor y mediadores culturales en el nuevo sistema internacional, más allá de iniciativas como Mercosur o el ALBA.

«En este marco –añade Sierra– cobran importancia debates recientes sobre reconocer la Comunicación como un Servicio Público que la oposición ha cuestionado pero que garantizaría que constituye una política de Estado la defensa de medios públicos»[4].

Desde que comienzan a llegar a los gobiernos de América Latina opciones que promueven limitar el poder del modelo neoliberal, y ante el debilitamiento de los partidos que defienden tradicionalmente a las elites, muchos medios de comunicación latinoamericanos adoptan una misión que Judith Brito, directora del diario conservador brasileño Folha de São Paulo, expresa en estos términos: «Puesto que la oposición se encuentra profundamente debilitada, son los medios de comunicación los que, de hecho, deben desempeñar ese papel» (O Globo, 18-3-10). En 2012, una investigación del diario británico The Guardian revelaba que Televisa, la principal cadena mexicana con aproximadamente el 70% de la audiencia, vendió sus servicios al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para «realzar la estatura nacional» de su candidato a las elecciones presidenciales de ese año, Peña Nieto, tras haber desarrollado una estrategia destinada a «bombardear» a su rival de izquierda Andrés Manuel López Obrador. Según unos documentos a los que tuvo acceso The Guardian, «la cadena de televisión más grande de México vendió presuntamente a importantes políticos un tratamiento informativo favorable en sus noticieros y shows principales y usó los mismos programas para desacreditar a un líder de izquierda»[5]. Todo ello se confirmó más tarde a través de los cables destapados por WikiLeaks[6].

Tras el golpe de Estado de abril de 2002 contra Hugo Chávez, una vez tomado el control del Palacio presidencial por los golpistas y secuestrado el presidente, los medios amanecen el 12 abril con este mensaje del presentador: «Buenos días, tenemos nuevo presidente». En el estudio comienza un conversatorio alegre y desenfadado entre representantes de los medios y militares. Dicen: «Gracias Venevisión, gracias RCTV». Otro presentador responde: «Nosotros debemos decir, tanto Venevisión como RCTV, gracias Televen, gracias Globovisión». Continúa otro de los presentes: «Gracias medios de comunicación». Riéndose revelan que el pronunciamiento a la insurrección del militar González González fue desde la residencia personal de los directivos de la televisión: «Hicimos un vídeo desde la casa de Napoleón. Cuando nosotros decidimos que el general saliera a la luz pública, era porque Chávez se iba a Costa Rica y nosotros teníamos que tener a Chávez en Venezuela, y entonces el pronunciamiento del general hace que Chávez no vaya a Costa Rica, se quede en Venezuela y ahí es cuando nosotros activamos el plan definitivo». «¿Cuál era el plan?», pregunta uno de los asistentes. «El plan original era pasar al empleo de las Fuerzas Armadas», responde un militar que está en el estudio. Esta conversación, y multitud de pruebas que fueron apareciendo, mostraron que los medios de comunicación fueron los cerebros y ejecutores del golpe de Estado en Venezuela. Maurice Lemoine, subdirector del periódico francés Le Monde Diplomatique, se encontraba en Caracas en aquellas fechas y lo explicaba en una entrevista: «Lo que me impresionó, en primer lugar, fue la campaña mediática. La observé como periodista. Y me pareció increíble semejante grado de violencia, deshonestidad y desinformación […] La clase media ha sido totalmente descerebrada por los grandes medios de comunicación»[7].

Así es como con el golpe de Estado contra Hugo Chávez nos dimos cuenta de que algo estaba cambiando. Hasta entonces, los medios eran críticos con el Gobierno venezolano, pero todavía las políticas de Chávez no habían encendido suficientes alarmas para que las empresas de comunicación iniciaran su campaña de acoso; ni siquiera la izquierda continental, y menos todavía la europea, lo consideraban uno de los suyos. Aunque los medios habían desempeñado papeles significativos en otros capítulos de desestabilización política en el continente, lo que ocurrió en abril de 2002 no tenía precedentes, porque no se trataba de unos medios que apoyaban un golpe, sino que eran los principales gestores y ejecutores. Y no solamente eso, la sensación de impunidad en que se desenvolvieron para llevarlo a cabo llegó hasta Europa, donde también toda la prensa comercial se sumó con entusiasmo a esa borrachera de golpismo, implicándose en su legitimación de una forma tan desvergonzada que leer ahora las crónicas y editoriales de aquellos días escandalizaría a cualquier ciudadano decente, indepen­diente­mente de su signo ideológico[8]. Finalmente se consiguió revertir el golpe gracias a la valiente y unánime reacción del pueblo venezolano, y aquel infame apoyo mediático quedó indeleble en las hemerotecas para vergüenza de la profesión.

Sin duda, intervenir políticamente a través de los medios, incluso convirtiéndolos en agentes políticos, puede ser muy eficaz, ilícitamente eficaz. La supuesta igualdad de oportunidades con la que partidos o candidatos se deberían presentar ante los ciudadanos para buscar su apoyo se convierte en ventaja para los que disponen de medios de comunicación o de dinero para protagonizar una buena imagen en ellos. El control y la transparencia económica a la que se debe someter un partido político, cuyos ingresos están limitados y controlados, desaparece al tratarse de una empresa privada de comunicación, que puede manejar los recursos que considere y recibir libremente ingresos de anunciantes o accionistas. Además, la aureola de agente informativo neutral e imparcial con la que se presentan los medios resulta más eficaz para el convencimiento político que el discurso lógicamente sesgado de un partido.

Los grandes medios, en su abusiva explotación de la libertad de expresión, han logrado el apoyo de grandes organizaciones sociales incluso para mentir. El director de la división de las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, afirmó que «el derecho a la información abarca todo tipo de información, inclusive aquella que [...] pueda resultar “errónea”, “falsa” o “incompleta”»[9]. Como recuerda Renaud Lambert, en 2002 fue precisamente una información «falsa», deliberadamente difundida por los medios de comunicación privados venezolanos, según la cual militantes chavistas habrían disparado contra la multitud, la que precipitó el (fallido) golpe de Estado contra Chávez[10]. Pero justificar el derecho a una información falsa supone violar otro derecho, el de recibir una información veraz. Y este último sí está perfectamente explicado en numerosas normas de alto rango, sin ir más lejos, la Constitución española.

Los grandes medios siempre se enfrentaron, y salieron victoriosos, a todos los intentos gubernamentales de democratizarlos. Los gobiernos neoliberales prefirieron doblegarse y garantizarse un buen trato mediático. Ya en Venezuela, en 1966, Carlos Andrés Pérez, quien todavía no era presidente pero dirigía la Comisión de Política Interior del Congreso de la República de Venezuela, propuso una reforma de la ley de telecomunicaciones que databa de 1940 (antes de la llegada de la televisión al país). El texto fue inmediatamente calificado de «ley mordaza» y rechazado. Igual que todos los proyectos que siguieron. En Argentina, diversos intentos de modernizar la legislación que regulaba los medios de comunicación, que databa de 1980, en plena dictadura, fracasaron a lo largo de los años 1980 y 1990, sofocados por los grandes medios del país[11].

Llegan gobiernos progresistas

Nuevos líderes progresistas fueron llegando a los gobiernos con el apoyo de sus ciudadanos en Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Brasil, Argentina, Paraguay... y todos descubrieron dos cosas: el tremendo poder y hostilidad de los medios privados y la ausencia de medios públicos que pudieran compensar con cierto rigor y ecuanimidad el impresionante papel político de oposición que lideraban las empresas privadas de comunicación. En un primer momento, estos gobiernos no abordaron cambios en las políticas sobre comunicación. Entre otras razones, porque, con buena lógica, entendieron la urgencia de afrontar necesidades inmediatas de los ciudadanos, de ahí proyectos como las misiones venezolanas, destinadas a llevar educación y sanidad a los sectores empobrecidos. También era urgente recuperar los recursos naturales del país, en manos de multinacionales extranjeras, necesarios para que el Estado tuviese los ingresos imprescindibles para afrontar inversiones y gastos sociales urgentes. Por otro lado, algunos gobiernos, el de Brasil es un ejemplo claro, pensaron que podían llegar a un entendimiento con los grupos mediáticos. El tiempo les demostró que, tanto si sus políticas eran de confrontación (Venezuela) como de diálogo (Brasil), los grupos privados de comunicación se iban a convertir en poderes fácticos que utilizarían todos los medios –lícitos o ilícitos– para combatir a los gobiernos democráticos. El protagonismo de los medios se vio acrecentado ante la ausencia de propuestas y líderes neoliberales que pudieran levantar un mínimo entusiasmo y credibilidad entre una ciudadanía que había sufrido las terribles políticas de tierra quemada de más de una década neoliberal. De ahí que las trincheras contra los gobiernos de izquierda dejan de encontrarse en el lugar que institucionalmente les correspondía, los partidos políticos, para disfrazarse con la piel de cordero de supuestos medios «independientes» de comunicación «preocupados» por la libertad de expresión. Como señala De Moraes, jamás la comunicación estuvo tan involucrada en la batalla de las ideas por la dirección moral, cultural y política de la sociedad[12].

Los gobiernos de izquierda se encontraron con un panorama de medios públicos desolador: la prensa escrita estaba en manos de familias de la oligarquía o grupos empresariales extranjeros al servicio de multinacionales, en especial españolas; las televisiones públicas no existían [como en Ecuador], o estaban prácticamente desmanteladas y tecnológicamente atrasadas tras el tsunami privatizador de los noventa. En la misma situación se encontraban las radios. Aunque existía un poderoso movimiento vecinal que intentaba desarrollar medios de comunicación comunitarios, en especial radios, su ámbito de difusión era mínimo y sólo servía para crear conciencia de barrio, pero no para elaborar un proyecto informativo nacional.

La política de agresión de los grandes grupos de comunicación tras las victorias electorales de dirigentes de izquierda fue unánime e inmediata. El periodista Andrés Sal.lari cuenta que, dos meses después de la llegada a la presidencia de Bolivia Evo Morales, en enero de 2006, los dueños del diario La Prensa de La Paz convocaron una reunión con todos sus trabajadores. En la misma, la accionista más importante de la empresa informó a los periodistas de que, debido al riesgo que corría la democracia en Bolivia ante la aparición de un régimen totalitario, el medio asumiría una política de oposición al Gobierno de Evo Morales. La misma escena se repitió al año siguiente en Ecuador. Pocas semanas después de la victoria de Rafael Correa en las elecciones presidenciales del 15 de enero de 2007, los trabajadores del diario El Comercio de Quito fueron convocados por la presidenta y directora general del diario, Guadalupe Mantilla, quien les informó de que quienes simpatizasen con el socialismo del siglo xxi podían retirarse del diario, que a partir de ese momento asumiría una postura opositora al Gobierno. La denuncia la hizo el militante ecuatoriano por los derechos humanos Alexis Ponce[13],[14]. En la historia del continente han existido ejemplos de medios de comunicación que fueron punta de lanza contra gobiernos de cambio; es el caso del diario El Mercurio en Chile y La Prensa en Nicaragua. En ambas situaciones lograron desplazar a gobiernos legítimos.

El acaparamiento de los medios de comunicación por parte de una pequeña cantidad de emporios económicos se ha convertido en una de las principales herramientas del neoliberalismo para el control ideológico de las sociedades. A este problema se añade la impunidad para manipular y el ocultamiento de sus accionistas con todos sus intereses económicos y políticos. Se esmeran mucho en disimular su militancia e intereses económicos que defienden a través de cárteles empresariales –como la SIP, que más tarde explicaremos– y se presentan como defensores de la libertad de expresión, convirtiendo este principio democrático en una coartada para su dominio y para atropellar el derecho ciudadano a informar y estar informado. «Cuando la defensa de sus intereses económicos entra en contradicción con el interés general, los medios de comunicación son cualquier cosa menos modelos de virtud democrática», resumen los investigadores Elisabeth Fox y Silvio Waisbord[15].

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hay un fenómeno histórico común porque toda la estructura de comunicación social fue pensada solamente desde la óptica comercial. Y la comunicación es mucho más que eso, es un servicio púbico. No hay problema en que también sea un negocio, nadie está en contra de eso, pero debe prevalecer el espíritu de servicio a la colectividad, hecho con calidad e independencia, de forma honesta y objetiva. Eso sólo puede funcionar fuera de la estructura de monopolio, dentro del principio de la diversidad y del pluralismo de los medios[17].